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gabinete fincas

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Las comunidades de propietarios pueden prohibir los pisos turísticos frente a futuros dueños

     Las comunidades de propietarios pueden prohibir la comercialización de viviendas vacacionales, aunque no haya unanimidad al respecto, y afectando la decisión a futuros dueños. Así lo ha establecido la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública al resolver un recurso de una comunidad de vecinos contra la calificación de una registradora de la propiedad de Santa Cruz de Tenerife.

     La registradora se había negado a inscribir una nueva norma estatutaria, según la cual “se prohíbe expresamente, y a todos sus efectos, la comercialización de las viviendas del inmueble como viviendas vacacionales”. Se entendía que debían prestar su consentimiento a la modificación de los estatutos quienes figuraban en el Registro como propietarios ya que no coincidían los titulares registrales con todos los dueños.

     Además, la registradora no había dado su consentimiento porque determinados propietarios habían inscrito su compra con posterioridad a la adopción del acuerdo, y no se había acreditado que hubieran aprobado dicha modificación estatutaria.

     A pesar de esta situación, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha fallado que no se exige la unanimidad para adoptar acuerdos que limiten o condicionen lo que se conoce como “alquiler o explotación turística de las viviendas”, supongan o no modificación de los estatutos de la comunidad de propietarios.

     En estos casos se aplica la modificación introducida en la Ley de Propiedad Horizontal por el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que aprobó el Gobierno en 2019. Esta norma reduce la mayoría al voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación para adoptar el acuerdo.

Inscripción del acuerdo

     Tras este fallo, una vez que los propietarios acuerdan la modificación de los estatutos y proceden a su inscripción en el registro, los nuevos compradores o propietarios de una vivienda turística se verían afectados por la prohibición. No obstante, si no llevan a cabo la inscripción, el acuerdo solo vincularía a los vecinos, pero no a los terceros adquirentes, que podrían alegar que no tenían conocimiento del acuerdo y que, por tanto, no sería vinculante.

     Adicionalmente hay que tener en cuenta que, si el acuerdo se adopta sin los requisitos formales que exige la legislación puede no ser válida, con la consecuencia de ser necesaria una nueva votación al respecto.

     Por este motivo cuando no asisten todos los propietarios a la junta en la que se vetan los arrendamientos turísticos, el secretario debe remitir copia del acta a los ausentes de forma que quede constancia de su recepción y, además, conozcan si se han alcanzado los 3/5. Si en el plazo de 30 días naturales no manifiestan su discrepancia al secretario, se computan como votos favorables, de forma que, si se alcanza el cuórum legalmente establecido de los 3/5 con los asistentes a la junta, el acuerdo sería “válido”.

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