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gabinete fincas

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Las maletas en la puerta.

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La Comunidad de Propietarios puede prohibir el uso de los pisos como viviendas de uso turístico e incrementarles la cuota de participación hasta un 20% con una mayoría de tres quintas partes.

La actividad de apartamentos turísticos se ha disparado en España, impulsada por plataformas como Airbnb. La principal consecuencia del cambio de uso de las viviendas, convirtiéndolas en alojamientos de uso turístico, es el encarecimiento del alquiler y por otro lado, las molestias que se generan en las Comunidades de Propietarios.

El Real Decreto-ley 21/2018 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Vino a establecer una batería de medidas de protección al alquiler de las viviendas. Entre estas medidas, se incluye la introducción del apartado 12 en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, estableciendo la posibilidad de limitar el alquiler turístico de viviendas del artículo 5.e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuando se alcance una mayoría de tres quintas partes.

La Audiencia Provincial de Segovia en su Sentencia 129/2020 de 21 de abril acaba de fallar a favor de una Comunidad de Propietarios que prohibió el ejercicio de la actividad de apartamentos turísticos dentro de la Comunidad. Que prohibió en una Junta de Propietarios el establecimiento de un apartamento de uso vacacional en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal. En el caso concreto, ya había viviendas en el edificio destinadas a esta actividad y no fue obstáculo para que la Audiencia fallase a favor de prohibir nuevas viviendas destinadas al alquiler vacacional.

Y es que la reforma también habilita a la Comunidad de Propietarios a incrementar la cuota de participación de contribución en los gastos de la Comunidad de Propietarios, de los inmuebles con este tipo de actividad, hasta un 20%. Necesitando únicamente la mayoría cualificada de tres quintos para la adopción del acuerdo.

¿Qué está ocurriendo en la Unión Europea?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de fallar a favor del gobierno francés en cuanto a sancionar el uso de las viviendas como alquiler vacacional, cuando con carácter previo, no se hubiese solicitado a la alcaldía un cambio de uso.

El asunto nace en París, la ciudad más turística del mundo, dos propietarios alquilan a través de internet un estudio sin haber solicitado autorización previa al Ayuntamiento, que probó mediante las actas de las Comunidades de Propietarios la existencia de una actividad turística en el inmueble. Tras varios recursos, el TJUE falla a favor del gobierno francés considerando necesarios los mecanismos de control, al poner en juego un valor tan importante como el acceso a la vivienda. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 sitúa la vivienda como objeto de un derecho fundamental de las personas, tan elemental y básico como el alimento, el vestido o la asistencia médica.

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